En junio de 2025, el Parlamento del Reino Unido publicó un informe advirtiendo que la creciente presencia de Palantir, una empresa de análisis de datos fundada por Peter Thiel y vinculada a contratos de inteligencia con el gobierno de los Estados Unidos, en el NHS representa «un punto de debilidad inaceptable». El NHS, el sistema de salud público británico, había contratado a Palantir para gestionar una plataforma de datos clínicos que centraliza información de millones de pacientes. El problema no es solo contractual: es que una función estratégica del sistema de salud quedó en manos de una empresa extranjera, con acceso profundo a datos sensibles y sin mecanismos claros de auditoría pública.
Al mismo tiempo, en Argentina, la justicia puso bajo la lupa a ARSAT, la empresa estatal de telecomunicaciones que administra la red de fibra óptica nacional, los centros de datos del Estado y el espectro para el despliegue de 5G. El nombre de Thiel también aparece en ese expediente, en el marco de un debate sobre quién controla, o podría controlar, la infraestructura digital sobre la que funciona buena parte del Estado argentino.
Estos dos casos, más el ascenso de Qwant como buscador alternativo en Europa bajo la bandera de la «soberanía digital», plantean una pregunta que vale la pena pensar en serio: ¿qué sucede cuando una infraestructura esencial para la salud o la seguridad nacional depende de actores que el Estado no controla?
Dos tipos de problema, una sola etiqueta
El caso de ARSAT y el de Palantir en el NHS son, en el fondo, el mismo tipo de problema: infraestructura crítica en manos privadas, con capacidad de condicionar decisiones públicas. Ya lo discutimos con el agua, con la energía, con las telecomunicaciones. Lo que cambia ahora es la escala y la profundidad de la dependencia: cuando el sistema de salud de un país procesa sus datos desde Silicon Valley, quien opera esa plataforma define en parte qué se puede saber y qué decisiones se pueden tomar.
La figura de Peter Thiel aparece en ambos relatos, el argentino y el británico, no por casualidad. Es el recordatorio de que detrás de las decisiones de infraestructura hay actores con intereses y agendas que no siempre coinciden con las del Estado que los contrata.
Cuando la soberanía se convierte en marketing
El caso de Qwant introduce un matiz que vale la pena sostener. El buscador francés opera dentro del ecosistema regulatorio europeo: el RGPD, la Ley de IA y una arquitectura normativa que impone más controles y obligaciones que el modelo estadounidense. Eso importa. La soberanía digital también depende del marco institucional en el que una tecnología nace y se despliega.
Pero si la soberanía consiste solo en reemplazar una dependencia por otra más cercana o mejor regulada, el problema no desaparece: apenas cambia de forma. La pregunta relevante no es qué empresa promete ser soberana, sino quién controla las infraestructuras, quién audita sus decisiones y qué capacidad conserva la sociedad para gobernarlas. Ahí es donde el concepto deja de ser una consigna y empieza a exigir respuestas concretas.
La pregunta que importa
En salud, esto se vuelve especialmente prioritario. Qué pasa con los datos de los pacientes, quién tiene acceso a ellos, bajo qué condiciones y con qué capacidad de auditoría pública: esas son decisiones políticas, con consecuencias reales sobre quién puede saber qué y quién puede actuar sobre eso.
La soberanía digital requiere regulación, inversión pública y gobernanza democrática efectiva. Y también requiere hacerse preguntas incómodas, sobre todo cuando las respuestas convengan a quienes las formulan.